El PRGE implica el desmantelamiento gradual de la educación media superior y superior en el IPN. Los artículos 48 al 52 de la propuesta, fomentan la inscripción en “otras instituciones educativas” que tengan celebrado convenio con el Politécnico para efectos de “movilidad académica estudiantil”. Lo que en realidad significa dar juego a la educación privada (universidades patito), que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, así como descargar lentamente la responsabilidad del estado para con la educación pública hasta colocarla en manos de particulares.
El PRGE es una herramienta de “cuello de botella” para los alumnos inscritos, pues los dictámenes inapelables planteados en el artículo 92 orillarán paulatinamente a los estudiantes a optar por la salida falsa del “certificado de competencias técnicas”, definido en el artículo 3, en lugar de apoyarlos para finalizar sus estudios de licenciatura e ingeniería.
El PRGE pretende acoplar la educación media superior y superior del IPN, a través de la “formación de capacidades a lo largo de la vida”, a un mercado de trabajo en crisis, con pobres condiciones salariales y cada vez menores prestaciones sociales.
El PRGE abre la puerta a la selección de estudiantes por métodos distintos a los méritos académicos, a través de la implementación de “entrevistas personales” planteadas en el artículo 8 de la propuesta. Este artículo 8 junto con el artículo 92 “cierran la pinza” para restringir la educación media superior y superior al pueblo.
El PRGE representa el inicio de un proyecto privatizador de la educación pública, deslizando el concepto de “usuario de servicios educativos”. En el contexto actual de libre mercado, los usuarios pagan cuotas. El PRGE constituye un andamiaje que posibilita la disminución gradual de la inversión en la construcción de nuevos planteles, aulas y laboratorios, insertando el falso discurso de “nuevas tecnologías” que permitan al Instituto “ampliar su cobertura en los distintos niveles educativos”.
El PRGE contraviene la sección quinta del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula el “apoyo a la investigación científica y tecnológica”. Con las actuales condiciones nacionales en las que por cada 100 mil habitantes, tan sólo hay 11 investigadores, promover la formación de “profesionales asociados” con “certificados de competencias técnicas” es ir en contra del crecimiento económico y el desarrollo social del país.
Además de lo anterior, el PRGE es un refrito del Reglamento General de Estudios promulgado por Enrique Villa Rivera en 2006 y abrogado a partir de la movilización estudiantil politécnica. Es una propuesta carente de exposición de motivos y de fundamentación jurídica que justifique la necesidad del cambio o modificación del actual reglamento. Una propuesta apresurada, envuelta en una consulta simulada con tiempos insuficientes e inadecuados para su revisión y discusión por las comunidades estudiantiles y académicas, sin un mecanismo claro y objetivo para el procesamiento de los resultados de la supuesta consulta.
¡POR ESTAS RAZONES RECHAZAMOS EL PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS!
ASISTE A LA ASAMBLEA GENERAL POLITÉCNICA ESTE MIÉRCOLES 26 DE MAYO A LAS 2 DE LA TARDE EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA, CASCO DE SANTO TOMÁS.
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